Javier Sánchez Junco, abogado del rey emérito, ha emitido un comunicado en donde asegura que no se está teniendo en cuenta la presunción de inocencia de su cliente.
El 2 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación. De esta manera pensó que podía retirarse de la vida pública y continuar su vida en paz. Pero nada más lejos de la realidad. En los últimos años, el Rey parece que ha tenido más problemas de los que podía pensar, ya que está siendo investigado por corrupción tanto en Suiza como en España.
Ahora parece que el asunto ha estallado, y el abogado del monarca ha decidido hacer un comunicado en el que se asegura que a su cliente no se le está teniendo en cuenta la presunción de inocencia en el informe que la Fiscalía ha presentado: "Tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. El Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año".Además Javier Sánchez Junco ha dicho que el informe no es certero pues solo se apoya en suposiciones: "Contiene graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación".
Toda esta polémica ha hecho que el emérito Rey tenga que salir del país y se asiente en Abu Dhabi. Incluso en una reciente reunión con Carlos Herrera, el periodista afirmaba que al antiguo Rey de España quería regresar al país.En el punto de mira
Todo esto viene después de que Juan Carlos de Borbón esté en boca de toda la prensa, pues en las últimas horas Hacienda le ha pedido a la Casa Real los pagos que se le han hecho desde esta institución. Además la fiscalía del Tribunal Supremo está esperando un informe de las autoridades suizas para determinar si hay indicios de culpabilidad o no. Además el diario El Mundo ha especificado que los casos de corrupción del que fuera jefe del estado son: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.