El Supremo ha vetado cualquier actividad de esta organización en todo el territorio, según dictó el juez Yuri Ivanenko. Los representantes del grupo religioso han declarado que acudirán a apelar esta decisión a la Corte Europea de Derechos Humanos, la única instancia que les queda y que en ocasiones anteriores ha fallado a su favor.
Esta censura afectaría a 395 de sus ramificaciones y a un total de 175.000 seguidores de esta fe en Rusia. El colectivo ya ha avisado mediante un comunicado que si la denuncia prospera implicará consecuencias catastróficas para la libertad religiosa del país. De ser así, estos devotos podrían ser procesados por extremismo.
El Ministerio de Justicia, órgano que interpuso la demanda de prohibir los Testigos de Jehová en la Federación Rusa, ha suspendido el trabajo del centro hasta que el Supremo dicte el fallo definitivo. Esta misma autoridad, al aceptar la denuncia presentada, ha dispuesto la nacionalización de los bienes de la organización religiosa, después de que el mes pasado solicitara cerrar las principales oficinas del grupo, ubicadas en San Petersburgo.
¿Organización religiosa o secta?
Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que comparte preceptos de otras corrientes no ortodoxas del cristianismo, pero que basa sus creencias en un entendimiento propio de la Biblia. Sin embargo, algunos expertos rusos consideran al colectivo en realidad como una secta y argumentan que sus publicaciones destruyen familias e incitan al odio.
Este grupo ya había tenido problemas con la ley en varias ocasiones debido al incumplimiento de decisiones judiciales, penas por posesión de materiales extremistas y otras denuncias por vulnerar una ley contra el extremismo que Moscú puso en marcha ante el peligro del radicalismo tras la segunda guerra chechena y los atentados del 11-S.
El rechazo del colectivo a las transfusiones se ha tomado en el país que dirige Vladimir Putin por un 'desafío a los médicos'. Actividades de este estilo son las que han desencadenado esta polémica prohibición, ante lo que los portavoces del grupo religioso responden que no son una organización extremista y argumentan que una eventual prohibición violaría la normativa internacional, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles.