La Fiscalía Anticorrupción ha abierto un escrito donde pide ocho años de cárcel para la diseñadora Juana Martín por delitos de malversación y prevaricación.
La lacra de la corrupción nacional no solo esta vinculada con el mundo de la política. Son varios los casos de deportistas, actores o directores y hasta cantantes que han sido imputados por casos de malversación y blanqueo de dinero. Esta vez, los delitos de capitales han salpicado al mundo de la moda. La protagonista ha sido la diseñadora andaluza Juana Martín.
La noticia que saltó a los medios nacionales el pasado 5 de abril, afirmaba que la Fiscalía Anticorrupción había exigido una pena de nada más y nada menos que ocho años de cárcel. La modista ha sido imputada por los delitos de malversación y prevaricación después de recibir unas ayudas económicas públicas entre los años 2006 y 2011. Las becas habrían sido subvencionadas por la Junta de Andalucía y se estimula que la deslealtad ronda la cantidad de los 849.749 euros. Los documentos a los que ha podido tener acceso EFE afirman que toda esta trama se ha desarticulado cuando los agentes de seguridad judiciales han investigado a la Sociedad Pública Andaluza Invercaria. Además de pedir los ocho años de cárcel para la diseñadora, la Fiscalía también ha solicitado en su escrito la inhabilitación de todos sus cargos empresariales al antiguo presidente de la sociedad, Tomás Pérez Sauquillo.
La trama no solo ha implicado a Juana Martín y al expresidente de Invercaria, otros cargos como antiguos directivos y ayudantes suyos también han sido investigados. El Ministerio Fiscal ha instado que todo este proceso se realice mediante un juicio oral en el que los cuatro investigados deberán declarar. Junto a estos delitos también se asocia un inmueble y varios bienes embargados a la sociedad. Sumando disgustos
Todo esto no queda aquí y es que los disgustos para Juana Martín van aumentando según salen a la luz los escritos. Debido a otro caso que están llevando los Juzgados de Córdoba, la diseñadora también está imputada por un delito de alzamientos de bienes. La parte investigadora habría pedido tres años de cárcel que se sumarían a los ocho que le acaban de ser asignados.