Julio Iglesias afronta otra demanda laboral: tres exempleados lo acusan de despido improcedente

Además de la denuncia por presuntas agresiones sexuales presentada por dos exempleadas ante la Audiencia Nacional, Julio Iglesias continúa inmerso en otro proceso judicial que se remonta a 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus. Aquel año, el cantante decidió despedir a cuatro trabajadores encargados del mantenimiento de su gigantesca finca de Punta Cana, Corales 5, compuesta por 15 edificaciones y considerada una de las propiedades privadas más extensas de República Dominicana.

Según una investigación conjunta de ElDiario y Univisión, uno de esos empleados, Rogelio Villanueva, llevaba trabajando con Iglesias desde los años 90, cuando la villa fue construida. Satisfecho con su labor, el artista lo contrató de forma fija y sumó también a su hermano, Eleuterio, para que ambos se encargaran de la pintura y las reparaciones continuas que requiere una finca de tal magnitud. Sin embargo, con la propagación del covid, Julio Iglesias rescindió sus contratos alegando que no quería que nadie "entrara y saliera de su casa", según recoge la investigación.

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Los hermanos, residentes en la localidad de Los Manantiales, zona donde viven muchos trabajadores de fincas de lujo, demandaron al cantante por despido improcedente. A su denuncia se sumó la de otro empleado despedido, Evenson Lindor, soldador y encargado de reparar techos y limpiar cocoteros. El cuarto trabajador afectado no participó en la demanda.

Aunque las tareas de los tres empleados no eran propias del servicio doméstico, esa era la categoría que figuraba en sus contratos, lo que redujo las prestaciones laborales que recibieron. Evenson Lindor aseguró además que, al despedirlo, Iglesias lo insultó llamándolo "boludo" y "comemierda", obligándolo a abandonar la finca "corriendo, como si fuera un ladrón". Estos testimonios fueron clave para que el abogado de los hermanos Villanueva convenciera al tribunal de que el despido había sido injustificado y que el trato recibido vulneraba sus derechos laborales.

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En junio de 2024, los juzgados de trabajo de San Pedro de Macorís dictaminaron que Julio Iglesias debía indemnizar a los extrabajadores. La sentencia incluía: Prestaciones laborales no abonadas, indemnización por no inscribirlos en el sistema dominicano de Seguridad Social y pago de los salarios dejados de percibir desde la presentación de la demanda. En total, el artista fue condenado a pagar alrededor de 53.000 euros.

Recurso pendiente y nueva vista en febrero

Como era previsible, el cantante recurrió la sentencia. Sus abogados alegan que los empleados sí formaban parte del servicio doméstico de un particular y que la indemnización fijada es "desproporcionada". La nueva vista del recurso está programada para el próximo mes de febrero, y por el momento no se conoce la resolución definitiva. Este proceso se suma al complejo panorama judicial que rodea actualmente al artista, cuya situación legal se ha intensificado en los últimos meses.