La abogada había cumplido ya siete de los 18 años a los que, al igual que su marido Alfonso Basterra, había sido condenada por el asesinato de la hija adoptiva que tenían, Asunta, en el año 2013. Desde entonces había pasado ya por tres prisiones diferentes: la de A Lama, en Pontevedra; Teixeiro, en A Coruña; y, por último, Brieva, en Ávila, donde acabó quitándose la vida.
Esta no era la primera vez que Porto lo intentó. El 24 de febrero de 2017 fue ingresada en un hospital después de ingerir un medicamento que le había sido recetado por un médico. Tras esto, el pasado 12 de noviembre de 2018 se ató un cordón al cuello mientras estaba en las duchas. Por aquel entonces avisó a su compañera de celda de lo que estaba haciendo por lo que los funcionarios de prisión pudieron acudir rápidamente y todo se quedó en un susto.
Desde entonces, Porto estaba bajo vigilancia de otra reclusa como parte del protocolo de prevención de suicidios. De hecho, en la última prisión en la que ingresó estuvo siempre en enfermería junto a una compañera de prisión. A pesar de ello, la abogada acabó consiguiendo quitarse la vida. Todo apunta a que fue una decisión premeditada ya que, antes de hacerlo, Porto dejó todas su celda y todas sus pertenencias recogidas.
Permisos de salida denegados
Tanto Rosario Porto como su marido, Alfoso Basterra, habían pedido cada uno dos permisos penitenciarios para poner salir de prisión durante un par de días después de haber cumplido una cuarta parte de su condena. A pesar de tener ese derecho, todos ellos fueron denegados. Según han declarado fuentes especializadas para el Correo Gallego, el motivo no habría sido otro que la repercusión mediática que había tenido el caso. A esto se sumaría también la alarma social e incluso el posible rechazo social al tratarse de un delito de tal gravedad.