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El apellido escogido por los hijos y algunos de los nietos del difunto Rey Constantino, "De Gres" o "de Grecia", está siendo impugnado legalmente por considerarse contrario a los principios constitucionales de la República Helénica. La demanda, presentada por el catedrático Panagiotis Lazaratos, sostiene que se trata de un adjetivo con connotaciones nobiliarias y no de un apellido en sentido estricto, lo que infringiría el artículo 4.7 de la Constitución griega, que prohíbe la concesión o reconocimiento de títulos de nobleza.
Para acceder a la ciudadanía griega, los miembros de la antigua Familia Real debían cumplir tres requisitos esenciales: aceptar la Constitución y el sistema parlamentario, renunciar explícitamente a cualquier título o reclamación vinculada a su pasado como Casa Real, y elegir un apellido para su inscripción en el Registro Civil de Atenas. La elección de " De Gres ", utilizado en su día por el fallecido Miguel de Grecia, fue finalmente la opción adoptada por los descendientes del rey Constantino, tras meses de deliberación. Sin embargo, ese apellido ha resultado ser el punto más polémico del proceso.
El recurso también señala que el uso del término "De Gres" vulnera el principio de igualdad y el orden público, al hacer referencia a un origen social privilegiado y connotaciones aristocráticas que están expresamente rechazadas por el Estado griego. Además, según argumenta el profesor Lazaratos, la elección del apellido es una cuestión regulada en función del interés general. El uso del adjetivo "de Grecia" implicaría, por tanto, una forma indirecta de restaurar una identidad nobiliaria que contradice tanto el modelo republicano como el principio democrático.
Defensa legal y respuesta de la familia
El abogado de la familia, Konstantinos Lidorikis, representa a Pablo de Grecia y sus descendientes ante el Consejo de Estado, órgano que decidirá si procede la revocación de la revocación de la ciudadanía. Por el momento, la familia mantiene la calma y evita hacer declaraciones sobre el proceso judicial. Pablo, el jefe de la familia, ha declarado a los medios que la cuestión de la ciudadanía " no nos concierne directamente" y que será el Gobierno quien resuelva el asunto.
La disputa gira en torno a la tensión entre el simbolismo de una familia con pasado monárquico y el marco legal de una república parlamentaria. En este caso, no se cuestiona el origen griego de los solicitantes, sino la forma en que pretenden vincular su nueva condición de ciudadanos con una identidad nobiliaria que la Constitución rechaza.