Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana han sido acusados de un delito de alzamiento de bienes para evitar pagar sus deudas.
La extenista Arantxa Sánchez Vicario, y su expareja, Josep Santacana, han sido acusados de cometer un presunto delito de alzamiento de bienes. El exmatrimonio habría vendido presuntamente todas sus propiedades en España y Andorra para no tener que pagar una deuda que llevaban arrastrando años con el Banco de Luxemburgo.
Como señala EFE, la Fiscalía pide 4 años de prisión y una multa que asciende a 8.700 euros, tanto para ellos dos como para otros cinco socios que han sido cómplices. El juzgado de instrucción de Barcelona ha ordenado el procesamiento, teniendo al propio Banco de Luxemburgo como acusación particular. La Fiscalía habla de "ánimo de un enriquecimiento ilícito".Todo este lío con la justicia por parte de los recién divorciados Arantxa Sánchez Vicario y Santacana se produjo por primera vez en 2009. En este año, el Tribunal Supremo los multó por evasión fiscal a pagar 3,5 millones de euros más intereses. Para hacer frente a dicha cantidad, pidieron un crédito al Banco de Luxemburgo de 6 millones, pero esta factura nunca ha sido pagada al declararse los acusados como insolventes.
En marzo de 2011 se hizo la primera demanda en el juzgado de primera instancia de Barcelona, terminando en septiembre de 2013, con el resultado de que la extenista tenía que pagar más de 5 millones de euros sumado a unos posibles intereses y a los costes del proceso judicial. Como no lo hizo, el montante se acumuló hasta un total de 7.563.969,44 euros. La fiscalía tiene una lista de las propiedades vendidas
El discurso de la Fiscalía fue que debido a la gran cantidad que se tenía que pagar, se hizo un plan con Josep Santacana como director de este para vender todos los patrimonios de la pareja, evitando el abono de la deuda. Desapareció todo el dinero que ella tenía, e incluso cobros posteriores de reportajes de revistas o el dinero que debería haber recibido por la venta de su propio libro.
De todas maneras, la Fiscalía, en colaboración con la Policía, mediante la investigación que empezó en 2011, hizo una lista de todo aquello que vendió la pareja. Además se cree que este negocio de traspaso de sus propiedades fue realizado mediante sociedades que estaban a nombre de algún miembro de la pareja.